Un conflicto que ha puesto de manifiesto las tendencias, ideología y vicios del PNV
En el Estado la limpieza profesional representa el 1,05% del Producto Interior Bruto y si le sumamos las tareas de limpieza doméstica, que ahora no se tienen en cuenta, sería del 8% (se calcula que estos trabajos ascienden a 91.000 millones).
La limpieza, culturalmente, es una tarea feminizada. Es un trabajo que se realiza al margen de lo público, invisible a la mirada de la ciudadanía. Este hecho ha condicionado la duración y crudeza a la que se han visto sometidas las limpiadoras de edificios municipales. 11 meses, 218 días exigiendo unas condiciones laborales dignas; 11 meses en los que el ayuntamiento ha desoído sus peticiones y sufriendo la actitud beligerante de la empresa.
Las huelguistas, todas, eran mujeres.
Desde el Grupo Municipal Abotsanitz se viene repitiendo que en el Ayuntamiento de Hondarribia no se tiene en cuenta la perspectiva de género, lo cual ha quedado patente en la postura adoptada por el gobierno municipal. Negar lo evidente no cambia la realidad.
A principios de 2022 las trabajadoras de la limpieza iniciaron el proceso para la actualización del convenio que, en el caso de la limpieza de edificios municipales, llevaba caducado desde el 2012. En marzo, viendo que el conflicto laboral empezaba a empeorar, el gobierno municipal declaró que se trataba de una negociación entre la empresa y las trabajadoras. Desde entonces, ha sido un mantra recurrente y para justificar que ha cumplido con sus responsabilidades públicas ha insistido en que el contrato de adjudicación del servicio se firmó el 30 de diciembre de 2021 duplicando la partida del año anterior.
Abotsanitz ha recordado que la limpieza de las escuelas públicas es, al igual que la del resto de edificios municipales, responsabilidad del Ayuntamiento y que tiene la obligación de realizar un control sobre el servicio: garantizar la prestación de un servicio de calidad y, en este caso, controlar que la empresa subcontratada cumpla con las condiciones laborales de las trabajadoras. Por eso pedimos al ayuntamiento que diera pasos para acabar con esta situación y que mostrara la misma actitud de algunos gobiernos del PNV en otros pueblos.
Pero el equipo de gobierno municipal ha demostrado que no reconocía la legitimidad de las reivindicaciones de las limpiadoras de edificios municipales y se ha alineado a favor de la empresa. Ejemplo de ello son las alegaciones que presentó a la huelga y la solicitud al departamento de trabajo para que se considerara la limpieza de los centros escolares como servicio básico y establecer los servicios mínimos al 100%. Además, en medio de la huelga indefinida y sin que la empresa mostrara ninguna intención de solucionar el conflicto, el gobierno municipal aprobó la prórroga del contrato con la multinacional ISS Facility Services.
Según el concejal de Hacienda y Contratación, la elaboración de nuevos pliegos era indispensable para poder recoger las reivindicaciones de las trabajadoras y la prórroga del contrato aportaba la estabilidad necesaria al proceso. Se utilizó este discurso para confundir a la gente y vender esta opción como la única alternativa posible. Abotsanitz se opuso (mediante voto particular) a la prórroga del contrato, pidiendo que se estudiaran otras alternativas y dar espacio a la negociación.
La comunidad educativa, desde la dirección, el alumnado, el profesorado y Talaia Eskolako Guraso Elkartea, tuvo que iniciar una vía reivindicativa propia de forma muy activa y empática con las trabajadoras y han tenido un papel muy importante en la resolución del conflicto. Consiguieron que el problema trascendiera del conflicto laboral dándole visibilidad e implicando a mucha gente ya que era un problema que afectaba a gran parte de la ciudadanía.
El conflicto ha estado presente en los debates del ayuntamiento, siendo tema principal en al menos dos plenos ordinarios; la última vez en sesión plenaria realizada el 27 de octubre. Las intervenciones realizadas en este pleno obligaron al PNV a cambiar de actitud y pasar a ser un agente activo en el conflicto, convocando una reunión con la empresa y las trabajadoras a la vez.
El 30 de noviembre se celebró un juicio entre empresa y trabajadoras, por la vulneración al derecho de huelga. La empresa fue condenada por incumplir el decreto de servicios mínimos del Gobierno Vasco, lo cual fue sin duda otra clave importante en la resolución del conflicto.
La situación era insostenible, sobre todo en las escuelas, y por fin llegó la solución.
La agonía se ha prolongado durante casi un año debido al inmovilismo del PNV. Los niños, los profesores, las personas mayores y el personal de limpieza han sido las personas más afectadas, ya que han sufrido directamente las consecuencias de esta injusta situación.
Este conflicto ha puesto de manifiesto las debilidades de la gestión de este equipo de gobierno; por un lado, el modelo de subcontratación y la ideología liberal han dejado claro que los beneficios económicos están por encima de las necesidades de las personas. Por otro lado, desde el punto de vista de la gestión, el efecto más llamativo de esta prolongación del conflicto es que la solución final ha sido económicamente más costosa que las reivindicaciones inicialmente rechazadas.
Queremos trasladar a los afectados por este conflicto que no deberían haber sufrido los efectos de una huelga si el problema se hubiera abordado desde el principio. Por último, queremos felicitar a las trabajadoras por el acuerdo alcanzado, por la dignidad mostrada en el proceso y por ser un referente en la lucha por los derechos de los sectores feminizados.
